Redacción. Madrid
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), órgano constituido hace un año por las principales compañías aseguradoras y asistenciales del sector sanitario privado en España, ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “total apoyo” a la idea principal de la proposición de ley que Izquierda Unida ha expuesto en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley General de Sanidad, y que hace alusión a “universalizar el derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas con nacionalidad española y residencia en el territorio nacional”.

Presentación del informe del IDIS "Aportación del modelo de mutualismo administrativo al mercado laboral sanitario español", el pasado 18 de mayo en un hotel de Madrid. El primero por la izq. es José María Fernández Lacasa, director general de Muface; en el centro (tercero por la izq.) es Luis Mayero, vicepresidente del IDIS.

Sin embargo, los portavoces del IDIS dejan claro, en la nota enviada a los medios, su oposición a que la propuesta de IU, que va a ser admitida a trámite por todos los grupos parlamentarios, regule “ex novo” aspectos como la existencia de modelos de colaboración público-privados, caso de las mutualidades del Estado (Muface, Mugeju e Isfas), que, se presupone, serían sustituidos por un “único modelo gestor, el estrictamente público”.

Esta posible consecuencia de la proposición legislativa (que, según el IDIS, contraviene “el principio rector de la economía de mercado recogido en el artículo 38 de la Constitución”), no es cuestión baladí para los autores del comunicado, que esgrimen la “situación gravísima” que se derivaría de la desaparición de esas mutualidades como razón más que suficiente para no modificar el modelo vigente.

Así, el documento avisa de que “si desapareciesen dichas mutualidades, muchos centros hospitalarios privados se verían abocados al cierre, y el Régimen General de la Seguridad Social se incrementaría en varios millones de personas, con el consiguiente riesgo de posible colapso del sistema general, y las listas de espera serían más largas y complejas de gestionar”.

Por otra parte, la nota puntualiza que el sector sanitario privado “aporta un enorme valor añadido en términos de empleo cualificado, contribución al PIB y descongestión de un sistema sanitario público ya de por sí desbordado, y necesita marcos estables de referencia para su desarrollo y no puede estar sometido constantemente ni al dogmatismo de hacer públicos todos los servicios relacionados con la salud, ni al oportunismo electoralista, ni al vaivén político de cada situación y momento, ya que, de lo contrario, “se producirá un deterioro importante del sector sanitario privado que, a su vez, puede poner en riesgo al propio sistema sanitario público ya de por sí en crisis de solvencia financiera y de gestión”.

Por todo ello, el documento concluye que “en la previsible modificación de la Ley General de Sanidad propuesta por Izquierda Unida, debería primar el interés general y la salvaguarda del sistema en su conjunto, más si cabe en un momento en que todos los indicadores concluyen que la sostenibilidad del sistema está realmente en entredicho, siempre en beneficio del paciente y el profesional sanitario con el objetivo prioritario de aportar los mejores resultados de salud de la forma más eficiente posible”.

Y añade que “desde el IDIS, apostamos por una sanidad pública para todos, que realmente atienda a los ciudadanos en condiciones de igualdad en el acceso y las prestaciones, pero con un sentido de realidad y eficacia a fin de que se afronte con verdadera voluntad hasta donde puede y debe llegar la cobertura del sistema, más allá de planteamientos ideológicos que en nada van a beneficiar los derechos de los ciudadanos salvo a recortarlos, como, por cierto, ha pasado en otros casos recientes, por no haber tomado a tiempo las medidas necesarias”.